ÁLVARO LEDO: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL TRUNCADO

Álvaro Ledo Nass

Durante algunos años las normas y reglamentos en materia de arbitraje no han albergado, en líneas generales, una respuesta satisfactoria y específica a los supuestos en los que un árbitro de un Tribunal arbitral y la parte que lo designaba habían alcanzado un acuerdo para que el árbitro renunciara a su cargo justo antes de dictarse el laudo que pusiera fin a la controversia.

Con ésta actuación lo que pretendía la parte era forzar que el Tribunal arbitral tuviera que recomponerse nombrando un nuevo arbitro, en sustitución al que ha renunciado, para así, demorar las actuaciones y obligar a la parte contraria a efectuar nuevos desembolsos económicos.

Ésta práctica es contraria a las normas que rigen el procedimiento arbitral, ya que es obligación del árbitro ser y permanecer durante todo el procedimiento de arbitraje independiente e imparcial y cumplir fielmente el encargo que se le ha realizado, debiendo tenerse en cuenta que si así no lo hiciera incurriría en responsabilidad, con la obligación de resarcir los daños y perjuicios que causare por mala fe, temeridad o dolo.

Sin embargo, ocurre normalmente en estos casos, que lejos de mantenerse imparcial y respetar las reglas establecidas, el árbitro trata por todos los medios de favorecer a la parte que lo ha designado manteniendo una conducta obstructiva e intencionadamente dilatoria, retrasando las deliberaciones hasta que agotadas las estratagemas y llegado el momento de dictar el laudo, presenta la renuncia al cargo.

Lógicamente, dado que el acuerdo alcanzado entre la parte y el árbitro en cuestión se mantiene oculto, no suele ser posible aplicar ninguna medida disciplinaria y de otro tipo contra la actuación del árbitro parcial y la parte que lo ha designado.

Para corregir esta situación surgió, sobre todo en el ámbito internacional, la llamada “doctrina del tribunal truncado” que ha sido acogida por la IBA (International Bar Association), cuyas Directrices para la Redacción de Cláusulas de Arbitraje Internacional, adoptadas por Resolución del Consejo de la IBA el 7 de Octubre de 2010, establecen que “cuando un tribunal está compuesto por tres árbitros, puede ocurrir que un árbitro renuncie, se rehúse a cooperar o de alguna otra manera no participe en el procedimiento, en una etapa tardía y crítica (e.g., durante las deliberaciones). En tales circunstancias, reemplazarlo puede no ser una opción, ya que retrasaría e interrumpiría el procedimiento excesivamente. Sin embargo, a falta de una autorización específica, los dos árbitros restantes pueden no estar facultados para dictar un laudo válido y ejecutable. La mayoría (pero no todos) los reglamentos de arbitraje permiten que los dos árbitros restantes en tal situación continúen como un tribunal “truncado” y dicten el laudo. Cuando las partes no escogen un reglamento de arbitraje (o cuando el reglamento escogido no aborda el tema), las partes pueden facultar en la cláusula arbitral a un tribunal “truncado” para proceder a dictar el laudo.”

Esta doctrina, nos dice el Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 102, de 15 de febrero de 2017, recurso 3252/2014, «tiene como finalidad esencial combatir los conciertos intencionados entre un árbitro y la parte que lo nombró, conciertos que se traducen en la necesidad de reintegrar el tribunal arbitral mediante la designación de un nuevo árbitro, lo que conlleva una objetiva dilación y, en su caso, la necesidad de volver a practicar las actuaciones ante el nuevo tribunal reconstituido, por razón de la dimisión o renuncia estratégica de aquel árbitro de parte».

«En consecuencia, se viene considerando que dicha renuncia del árbitro de parte, concertada ordinariamente, dentro de una ilegítima estrategia procesal, “trunca” el tribunal arbitral existente, obligando a su reconstitución o reintegración con los perjuicios económicos propios del nuevo desembolso que es preciso realizar, y la objetiva demora en la tramitación, lo que supone una sobrecarga de la controversia y litigio pendiente. De ahí que la invocada doctrina de los tribunales truncados venga a combatir esas actuaciones maliciosas concertadas entre la parte y el árbitro por ella designado, sin que sea admisible la renuncia o dimisión del árbitro no justificada, sujeta por tanto al acuerdo de las partes, a lo establecido en el reglamento de arbitraje que hayan convenido y, en su defecto, a la regla general, pues el árbitro está obligado a llevar a término su encargo y no puede renunciarlo sino por justa causa».

POR ÁLVARO LEDO

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