Por Álvaro Ledo Nass. 

Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes.

Así, lo establece la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que regula la recusación de los árbitros y el procedimiento que ha de seguirse para ello.

Primeramente, la Ley 60/2003 permite a las partes, siempre que observen el principio de igualdad, acordar libremente el procedimiento de designación de los árbitros. Si no hay acuerdo, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias para ello.

Como garantía para la correcta ejecución del arbitraje, la Ley obliga a que la persona propuesta como árbitro manifieste todas aquellas circunstancias que puedan poner en tela de juicio su imparcialidad respecto de las partes o el objeto de la controversia o afectar a su independencia.

Posteriormente, una vez nombrados los árbitros, éstos deberán aceptar su cargo y mantener durante el arbitraje las notas de independencia e imparcialidad. Si tras el nombramiento se diera alguna circunstancia nueva que comprometiera al árbitro o éste realizará alguna actuación que pudiera hacer dudar de su criterio, el árbitro deberá poner todo ello en conocimiento de las partes a la mayor brevedad, para que éstas puedan, si así lo creen necesario, actuar en consecuencia y plantear su recusación.

En ningún caso, los árbitros podrán mantener relación personal, profesional o comercial con las partes, pudiendo cualesquiera de ellas solicitar a los árbitros que aclaren las relaciones que pudieran tener con las otras partes del procedimiento arbitral.

De esta forma, la imparcialidad de los árbitros se constituye como una de las garantías necesarias para la correcta realización del arbitraje y, por ello, se exige que los árbitros aseguren antes y durante la realización del arbitraje la ausencia de cualquier vinculación con alguna de las partes o con la relación jurídica objeto de controversia.

Como límite a la recusación, se prohíbe a la parte recusar a un árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, si la causa esgrimida era conocida por dicha parte antes de la designación del árbitro afectado. La razón no es otra más que salvaguardar el procedimiento arbitral y el derecho de las otras partes a no sufrir demoras injustificadas por recusaciones que solo perseguirían un fin dilatorio.

En cuanto al procedimiento, la Ley Arbitral permite que las partes establezcan de común acuerdo el procedimiento a seguir para la recusación de los árbitros.

No obstante, la Ley Arbitral también establece un procedimiento subsidiario para el caso de que las partes no hayan hecho uso de la facultad anterior. En este supuesto, la parte dispone de un plazo de quince días a contar desde que el árbitro haya aceptado el cargo o desde que haya tenido conocimiento de la posible causa de recusación, para exponer los motivos que justifican esta. Si las demás partes aceptan la recusación esta se llevará a cabo sin más trámite cesando al árbitro, sino serán los demás árbitros los que decidan sobre la recusación. Cabe también que el árbitro al que se le ha planteado la recusación renuncie al cargo.

Si el incidente de recusación no prosperase, la parte que la propuso podrá hacer valer sus argumentos impugnado el laudo que ponga fin al procedimiento arbitral.