Por: Álvaro Ledo Nass

La libertad de contratación permite a las partes de un contrato establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

En muchas de las obligaciones pactadas, una de las partes se compromete a la entrega de un bien o a la prestación de un servicio a cambio del pago de una contraprestación económica, que puede abonarse en el acto o con posterioridad a la firma del contrato.

Sucede en ocasiones que el abono de estas cantidades se realiza mediante la entrega de pagarés u otros títulos o efectos como las letras de cambio o cheques.

Si llegada la fecha de cobro no se tienen fondos con los que respaldar los títulos, los efectos resultan impagados y la parte perjudicada puede reclamar el abono de las cantidades debidas mediante el denominado: “Juicio Cambiario“, regulado en los artículos 819 y siguientes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pensado para que el acreedor pueda obtener rápidamente la satisfacción de su crédito.

Surge así un doble plano, por una lado, la relación causal de las partes, constituida por lo pactado en el contrato que las une, y, por otro lado, la relación cambiaria que se da entre el emisor de los títulos y el tenedor de los mismos, que es independiente de la relación subyacente que constituye el contrato.

La duda surge cuando en la relación causal, esto es, en el contrato, las partes han incluido una cláusula por la que someten sus discrepancias a arbitraje evitando la intervención de los Tribunales de Justicia.

En estos casos, la jurisprudencia viene distinguiendo los supuestos en los que las partes de la relación cambiaria y de la relación subyacente coinciden, de aquellos otros en los que son diferentes, por ejemplo por haberse avalado por un tercero la letra o el pagaré o por haberse endosado el título.

Si las partes son las mismas, el deudor podrá hacer valer en el Juicio Cambiario la excepción de sumisión de la cuestión a arbitraje, ya que la libertad y amplitud de motivos de oposición en este caso es total. El tribunal no podrá entrar a conocer del asunto, que se resolverá mediante Laudo arbitral.

Si las partes son diferentes, el Tribunal enjuiciará el asunto ya que la cláusula de sometimiento a arbitraje pactada en el contrato no alcanza a terceros que no firmaron el mismo.

Esta doctrina jurisprudencial se encuentra recogida, entre otros, en el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 12 de enero de 2017, recurso 2851/2016, en la que se aborda esta cuestión.

En este asunto, en el que las partes coincidían en la relación cambiaria y subyacente, los demandados formularon declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje en un juicio cambiario, sobre la base de entender que la deuda reclamada derivaba del contrato de arrendamiento formalizado entre la entidad actora y la entidad demandada, en el que expresamente se pactó el sometimiento a arbitraje para toda cuestión que surgiera en el cumplimiento del mismo. La entidad actora se opuso al entender que dada la especial naturaleza de los títulos cambiarios nada tenían que ver con el contrato vigente entre las partes.

La Audiencia Provincial resuelve la cuestión en favor de la sumisión a arbitraje, en los siguientes términos:

“…a tenor de las alegaciones de las partes y la claridad de la cláusula de arbitraje que incluyeron en el contrato de arrendamiento, no puede considerarse que existan dudas ni de hecho ni de derecho, en los términos mencionados, porque dicha cláusula no puede ser más precisa, clara y patente, en orden a expresar la voluntad de las partes, en el sentido de que toda controversia que surja del contrato, asumen someterla a arbitraje.

Podría plantearse qué articular el pago de la deuda mediante pagaré, consecuentemente que se haya acudido al juicio cambiario, dada la singular naturaleza de los títulos cambiarios, pudiera entenderse que estamos ante dos cuestiones diferentes, lo cual, como es sabido no es así.

Es incuestionable que todo título cambiario es un título completo y sustantivo, y el derecho de crédito que atribuye es de carácter abstracto, en cuanto independiente del negocio jurídico subyacente que dio lugar a su emisión, y que supone que la acción cambiaria sea inmune frente a determinados motivos de oposición del deudor cambiario, es decir, se produce una importante restricción de las excepciones oponibles cuando se reclame el pago. Aunque respecto de esta restricción de los motivos de oposición, ha de tenerse en cuenta si el reclamante ha intervenido o no en el negocio causal. Por ello, se distingue entre excepciones personales o causales que son las que derivan del contrato causal, y las denominadas reales que derivan directamente de la letra de cambio, del cheque o del pagaré. Mientras aquéllas solo pueden oponerse a los participantes en el contrato causal, éstas se pueden oponer frente al tenedor con independencia de que no haya intervenido en el negocio causal. En definitiva, estamos ante una limitación subjetiva en el ámbito de aplicación de las excepciones, exigiéndose para poder oponer las excepciones personales que el actor y el demandado sean partes del contrato base causal, al no ser posible alegarse frente a terceros. En este sentido la doctrina jurisprudencial es constante al establecer que las excepciones causales no son oponibles a terceros, tenedores legítimos, produciendo una autonomía, independencia y sustantividad del pagaré y demás títulos que contengan declaraciones cambiarias, respecto del contrato que le dio origen, salvo que haya intervenido en el negocio básico que dio origen a la cambial o en el pacto sobre provisión de fondos.”

Por todo ello, se concluye que en aquellos casos en los que las partes deciden libremente incluir dicha cláusula de arbitraje, la naturaleza de los medios de pago elegida para cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la entrega del bien o la prestación del servicio acordado, no será eximente de su aplicación, con la mencionada excepción en la que relación causal y relación cambiaria no coincidan como consecuencia de que la titularidad de los títulos es ostentada por terceras personas distintas a las que los emitieron en primer lugar.